Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano
Diez años después de la adopción de la resolución 2286 por el Consejo de Seguridad de la ONU, ocurrida el 3 de mayo de 2016, los ataques contra las estructuras médicas en zonas de conflicto continúan siendo una “plaga” mortal. El sistema de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado, solo en 2025, un total de 1.348 ataques a estructuras médicas, que han causado la muerte de 1.981 personas. Un dramático récord negativo en cuanto al número de víctimas. Más de 80 Estados miembros de la ONU, al firmar la resolución, asumieron el compromiso de proteger las instalaciones sanitarias y al personal dedicado a ayudar en zonas de guerra. Pero el derecho internacional humanitario sigue siendo violado en los numerosos conflictos que ensangrientan el mundo.
Víctimas “colaterales” inaceptables de las guerras
Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que en los últimos diez años los ataques contra las estructuras y el personal sanitario han sido múltiples e incluyen bombardeos aéreos sobre hospitales en Siria y Yemen, ataques contra centros médicos en Ucrania y en el Estado de Palestina, ataques con drones contra un hospital en Myanmar y contra ambulancias claramente identificadas en Camerún, Haití y Líbano. La respuesta de los Estados responsables ha sido a menudo la negación de los hechos o su atribución a errores. Tragedias que demasiado a menudo se minimizan e incluso se justifican con la retórica de las “víctimas colaterales” de la guerra. Mientras tanto, los hospitales, como las escuelas, nunca deberían ser objetivos militares.
La asistencia médica en el punto de mira
“Lo que antes se consideraba una excepción ahora se ha convertido en la norma”, denuncia Javid Abdelmoneim, presidente internacional de MSF, hablando ya de una “clara inobservancia de la protección de la misión médica en los países en guerra”. En lo que respecta a MSF, en los últimos diez años, 21 miembros del personal han sido asesinados en 15 incidentes mientras realizaban su trabajo. La organización humanitaria repasa estos incidentes en un detallado informe titulado “La asistencia médica en el punto de mira”, que en la introducción recuerda uno de los episodios más graves: el 3 de octubre de 2015 en Kunduz, Afganistán, un bombardero estadounidense AC-130 impactó contra un centro de traumatología de MSF, matando a 42 personas, entre ellas 14 miembros del personal sanitario de la ONG.
Estos ataques, como otros ocurridos en aquellos años durante las terribles guerras en Siria y Yemen, llevaron a la adopción de la resolución 2286 para exigir a las partes en guerra el respeto del derecho internacional humanitario. Pero esta importante resolución sigue siendo demasiado a menudo letra muerta. Y las nuevas formas de conducción de la guerra, cada vez más marcadas por la aplicación de la inteligencia artificial en los nuevos sistemas de armas, no contribuyen precisamente a invertir la tendencia.
De Haití a Sudán: 28 países afectados
En el 80 % de los casos, los ataques contra las instalaciones sanitarias han sido atribuibles a la responsabilidad de los Estados. En los últimos diez años, MSF ha registrado en total 255 incidentes de seguridad que afectaron a estructuras médicas o vehículos de la organización claramente identificados. Los incidentes registrados alcanzaron su punto máximo en 2024 y 2025, más de un tercio del total desde 2016. Los datos preliminares de 2026 indican un nivel similar al de los dos años anteriores, aunque la tendencia para el resto del año sigue siendo incierta. Los incidentes se han registrado en hasta 28 países. Pero más de la mitad se concentra en 5 países: Haití (41), Sudán (29), Yemen (25), República Centroafricana (23) y República Democrática del Congo (20).
Atención médica negada
Si a corto plazo los ataques causan heridos y pérdidas de vidas humanas, a largo plazo privan a las comunidades de atención vital: las infraestructuras sanitarias, de hecho, a menudo no se reconstruyen y las organizaciones humanitarias se ven obligadas a suspender sus actividades por motivos de seguridad. Cuando las infraestructuras sanitarias son dañadas o destruidas, y si las personas tienen demasiado miedo de salir de casa para buscar asistencia médica, son las comunidades las que sufren.
El caso de Sudán del Sur
Una confirmación de ello llega en estas horas desde Sudán del Sur: MSF ha comunicado que se ha visto obligada a cerrar definitivamente su hospital en Lankien, en el estado de Jonglei, después de que fuera bombardeado el pasado 3 de febrero. El cierre del hospital marca el fin de 31 años de asistencia médica continua a una comunidad que ya tiene un acceso extremadamente limitado a la atención sanitaria. Y el de Lankien no es un caso aislado: desde principios de 2025 los ataques han llevado al cierre de otros tres hospitales —en Ulang, Old Fangak y Akobo—, haciendo pagar un precio altísimo a cientos de miles de sursudaneses que se han quedado sin acceso a la atención médica.
“La asistencia sanitaria en zonas de conflicto está gravemente amenazada”, concluye el presidente de MSF, instando a los Estados a trabajar para que “la protección garantizada a nosotros y a nuestros pacientes por el derecho internacional humanitario” se traduzca “en hechos concretos, no solo en palabras”.